La acción de desalojo es aquella que tiene por objeto recuperar el uso y goce de un inmueble que se encuentra ocupado por quien carece de título para ello, sea por tener una obligación exigible de restituirlo o por revestir el carácter de simple intruso sin pretensiones a la posesión. 

Si el arrendatario o inquilino no responde de forma amistosa, deberá exigir de nuevo el pago de la deuda, pero por medios fehacientes, es decir, que requieran prueba legal: burofax, notario, o escritura de conciliación judicial.  

Si aun así el inquilino no paga, no queda más remedio que ir a juicio. 

Normalmente un proceso de desahucio tarda aproximadamente unos 6 meses dependiendo del caso.

En la mayoría de las ocasiones los tribunales condenarán al inquilino o al ocupante a pagar las costas del proceso, es decir, a pagar los gastos del abogado y del procurador del arrendador o propietario del inmueble.

El lanzamiento lo lleva a cabo la Comisión Judicial (los funcionarios judiciales enviados por el Juez para dicha labor), acompañada del Procurador que representa al propietario de la finca y, en su caso, también del Abogado que lo defiende.

El impago de una sola mensualidad de la renta puede ser motivo de desahucio según la doctrina del Tribunal Supremo.